La semana quedó marcada por una serie de decisiones que se adoptaron en el Congreso, y que significaron una oportunidad perdida para producir cambios en Chile. En pocas horas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Pesca favoreciendo el oligopolio, su Comisión de Seguridad estableció como agravante estar encapuchado al cometer un delito en el marco de la Ley Hinzpeter, la sala rechazó el informe sobre el lucro ilegal en las universidades privadas, y junto con el Senado, aprobaron el reajuste del sueldo mínimo que quedó en 193 mil pesos.

Este desalentador panorama para la agenda de cambios políticos y sociales, que pareciera hacer converger a moros y a cristianos, no obstante, viene precedido por un dato clarificador: los bajísimos niveles de aprobación ciudadana que tiene el Congreso de la República, el mismo que permaneció "en receso hasta nueva orden" durante 17 años.

De acuerdo a la encuesta Adimark de junio de 2012 el Senado es aprobado en un 21% y desaprobado en un 68%, en tanto, la Cámara de Diputados obtiene su segundo peor resultado desde abril de 2010. Sólo un 17% aprueba la gestión de la Cámara Baja y un 73% la desaprueba.

Así las cosas, el 34% de apoyo, y el 58% de rechazo que se anota el Presidente Sebastián Piñera, no puede ser visto sólo como un dato aislado sobre su desempeño personal, sino como parte de un crisis más profunda del régimen democrático que entregó la dictadura, y donde cabe destacar que las cifras del Ejecutivo -por malas que sean- son bastante mejores que las del Congreso, y lo sitúan en una tribuna de mayor legitimidad para continuar defendiendo el ya resquebrajado modelo neoliberal.

Respecto a los diferentes proyectos de ley que se aprobaron o avanzaron en el Legislativo durante este "miércoles negro", ciertamente caben diferentes explicaciones sobre las votaciones y los contenidos que se fueron abriendo camino durante el debate.

En el caso de la Ley de Pesca, el problema es transversal, ya que los "derechos históricos" que alegan cuatro empresas pesqueras que controlan más del 80% de la producción, les fueron reconocidos durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, quien a su vez, puso su voluntad política para dar curso al proyecto privatizador del mar chileno que la dictadura no logro concretar dentro de su agenda de reformas económicas. En ese contexto se está legislando la Ley "Longueira".

La discusión al interior del oficialismo está tensionada por los liberales que quieren "más mercado" y no oligopolio, y el lobby pesquero, que captura por arrastre a parlamentarios desde la derecha hasta la izquierda. Dentro de la concertación unas pocas voces han planteado con claridad que se trata de un bien público que debe ser administrado por el Estado.

En paralelo, la Ley Hinzpeter sobre orden público avanzó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, quedando por definir para el próximo miércoles la votación previa a su paso a la sala.

Durante el debate, los legisladores de la Alianza han enrostrado a la Concertación, que la normativa propuesta se basa en el proyecto de "Ley Harboe", con el cual se quisieron regular las manifestaciones durante la administración Bachelet. Si bien se estableció que estar encapuchado será un agravante -en caso de delito- y no un delito en sí mismo, la definición se trata de paliativo, en tanto el problema sigue siendo lo que el proyecto busca definir como alteraciones al orden público: esto es tomas pacíficas, cortes de calles y carreteras, o protestas en edificios públicos o privados.

La caída en la sala del informe sobre el lucro ilegal en las universidades privadas, se debió ciertamente al rechazo en bloque de la Alianza, que lo acusó de parcial y poco riguroso, pero también es cierto que hubo una baja asistencia de parlamentarios de la oposición, los que perdieron por un voto la posibilidad de seguir adelante con la vía política para fiscalizar el cumplimiento de la ley de universidades de 1981. La ausencia de un quórum que diera respaldo al informe, plantea una pregunta sobre el real interés de los diputados opositores respecto de la agenda de reformas planteadas desde el movimiento social al sistema educativo.

Y por último, la aprobación vía veto presidencial del reajuste del salario mínimo y de las asignaciones sociales del Estado, vienen a consolidar la lógica del modelo, que lejos de disminuir las desigualdades sociales las aumenta. Así mientras el valor del trabajo se reajusta por debajo de las necesidades básicas, en base a criterios meramente tecnocráticos basados en índices macroeconómicos, que esta vez plantearon un reajuste a 193 mil pesos, por otro lado el Estado aumenta el gasto público en bonos, subsidiando a los privados, y asumiendo con el erario nacional -fruto del regresivo sistema tributario- el costo para suplir mediante transferencias a las familias los efectos de los bajos salarios y del alza del transporte y de los alimentos.

Finalmente no hubo desde la oposición el coraje de rechazar abiertamente el mecanismo, mientras el Gobierno lanzó un intensiva ofensiva comunicacional para publicitar los logros de su gestión, a través de "chilecumple.cl". Sin embargo las aguas no están calmas, aún falta por debatir el ajuste tributario, y a contar de finales de septiembre el presupuesto nacional, que se prevé será acalorado.

Las cifras de aprobación y de desaprobación de ambas cámaras son muy parecidas finalmente a las que recibieron los partidos políticos agrupados en los dos bloques mayoritarios, la Concertación tiene un 19% y la Alianza un 26%, lo que indica que hay una identificación a ojos de la ciudadanía entre la política, los partidos políticos y el Congreso, como nodos claves en la crisis de la representación.

Más interesantes resultan las cifras de quienes se identifican con el Gobierno (31%), y de quienes se asumen de oposición (38%). Ciertamente esa voz no está siendo hoy día representada en el Congreso por ninguno de los dos bloques principales.