Radio Tierra entrevistó a Gabriela Burdiles, abogada y coordinadora de proyectos de la FIMA (Fiscalía ciudadana del Medio Ambiente), a propósito de cómo se gestó la planta faenadora de cerdos de Agrosuper en Freirina, y que hoy cobró visibilidad por la protesta de sus vecinos. "La decisión final corresponde a la autoridad política y no a la autoridad técnica", recordó.

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La industria hoy cuestionada públicamente, señalada por los medios de comunicación y por las autoridades gubernamentales desplegadas en terreno, es el producto del antiguo sistema de evaluación ambiental, que por otro lado no se diferencia mucho del que existe en la actualidad.

"Estamos frente a un proyecto que en primera instancia se aprueba por la autoridad ambiental por la presentación de un estudio de impacto ambiental que elabora la propia empresa (...) las autoridades sectoriales (salud) hacen recomendaciones, y probablemente este proyecto tuvo algunos problemas, pero lamentablemente no son vinculantes a la hora de aprobar estos proyectos", explicó Burdiles.

"La autoridad ambiental en el caso de Agrosuper fue la COREMA, hoy Comisión de Evaluación Ambiental, que está compuesta por autoridades políticas: SEREMIS, Intendentes, y como sabemos no están obligados a aprobar un proyecto de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron durante el procedimiento", añadió.

La planta de Agrosuper fue cuestionada desde antes de su instalación, y no sólo por la contaminación que generaría, sino por los riesgos sanitarios propios de los megacriaderos de animales, que en otras partes del mundo han dado origen a mutaciones en virus como el de la influenza humana (gripe "porcina" AH1 N1).

Ubicada en una de las zonas con mayor escasez de agua, fue aprobada originalmente con un primer diseño en 2005 durante la presidencia de Ricardo Lagos, luego en 2006 -ya en la administración de Michele Bachelet- fue modificada y ampliada en un nuevo proceso de evaluación ambiental cuando Ana Lya Uriarte era la directora de la CONAMA, y la encargada de proponer la "nueva institucionalidad ambiental".

"Muchas veces el resultado de la evaluación ambiental no dice relación con los riesgos", reiteró la abogada Burdiles, y lo ejemplificó con un caso más reciente: "tienen que considerar las opiniones técnicas y las opiniones de la ciudadanía, y estas tienen que pesar en la decisión final que se adopte, ya lo vimos con el caso de la central Río Cuervo, en que Sernageomin advirtió que había una falla geológica, que había un riesgo, pero el proyecto igual se aprueba", afirmó.

A juicio de la jurista una de las deficiencias de la institucionalidad, es que la participación ciudadana es vista como un trámite, "un procedimiento por el que se tiene que pasar" para poder aprobar un proyecto.

Superintendencia y tribunales para los conflictos

A futuro existirá una Superintendencia del Medioambiente y Tribunales Ambientales que significarán un grado mayor de fiscalización del que existe, y con mucha mayor independencia. "Esperamos que con una mayor fiscalización casos como estos no se vuelvan a repetir", concluyó Burdiles.