El pasado 08 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén  por unanimidad resolvió aprobar la calificación ambiental del proyecto hidroeléctrico Río Cuervo de Energía Austral, filial de Xtrata Cooper. Dicho proyecto que tendría una capacidad instalada de 640 MW, estuvo más de dos años en tramitación ambiental y desde sus inicios, generó alarma en la ciudadanía de Puerto Aysén porque de ejecutarse, cerca de 13 mil hectáreas serán inundadas, en una zona donde se encuentra la falla geológica Liquiñe Ofqui, a 35 kms de Puerto Aysén.

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Ante este escenario, el Consejo de Defensa de la Patagonia a través de un comunicado de prensa alertó que dicha aprobación ambiental dejaba en evidencia la vulnerabilidad de la institucionalidad chilena, ya que  las obras significarían un riesgo para la vida y la salud de los habitantes de Aysén, al estar situada en una zona sísmica donde hace 5 años atrás se produjo un temblor mayor a 6 grados Richter que terminó con la vida de 10 personas.

En medio de este escenario, la Tercera Sala de la Corte Suprema, el viernes 11 de mayo decide acoger el recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas en contra del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Aysén por la aprobación unánime de la construcción de la central hidroeléctrica Río Cuervo. Dicho  fallo determinó el actuar ilegal del SEIA al aprobar el Informe Consolidado desconociendo un Informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que recomendaba  no aprobar un estudio de suelo.

En Efecto Invernadero la periodista Pamela Suárez, analiza los argumentos de los detractores de este proyecto, así como el escenario actual que enfrenta  la represa Cuervo al alero de la decisión de la Corte Suprema.