Diputada María Antonieta Saa

En el marco del proyecto del Ejecutivo que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, la diputada María Antonieta Saa presentó una indicación que transformaría en falta el actual delito de "radiodifusión ilegal", con lo cual se pondría fin a la aplicación de derecho penal en contra de las y los radialistas comunitarios que ejercen la comunicación sin concesión.

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El uso del derecho penal ha sido ampliamente denunciado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como uno de los instrumentos represivos del Estado chileno en materia de radiodifusión.

Su aplicación se encuentra contemplado en el artículo 36 (letra B numeral a) de la Ley General de Telecomunicaciones, modificada en 1994 durante el gobierno de Patricio Aylwin, mientras se discutía la norma que creó las radios de mínima cobertura.

La legisladora adelantó que el texto de la indicación presentada señala lo siguiente: "el que comete las siguientes faltas: el que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones recibirá una multa de 50 UTM, el que permita que en su domicilio, morada o medio de transporte operen tales servicios o  instalaciones será sancionado con una multa de 25 UTM, y el que tolere que en su domicilio, morada, o medio de transporte operen tales servicios o  instalaciones será sancionado con una multa de 10 UTM", afirmó.

El problema de fondo

Si bien la iniciativa se trata de un avance al transformar el delito en falta, y al pasar del derecho penal al civil, el monto de las multas no deja de ser elevado para aquellas comunidades que han optado por ejercer su derecho a la comunicación aún sin autorización.

50 unidades tributarias mensuales equivalen prácticamente a dos millones de pesos, una cantidad que dejaría en la banca rota a la mayoría de las radios comunitarias que se encuentran sin licencia, y que pueden ser denunciadas o fiscalizadas en cualquier momento.

Por otro lado hay que consignar que el proyecto de Superintendencia de Telecomunicaciones presentado por el Ejecutivo contempla sanciones de una magnitud mucho mayor, llegando a un máximo de 10 mil UTA (Unidad Tributaria Anual, una UTA equivale a $476.288).

El problema de fondo radica en la falta de acceso a las frecuencias por parte de las comunidades que quieren ejercer su derecho a la comunicación, y que se encuentran ante la situación de que en sus localidades no existen llamados a concurso por parte del Estado porque no habría disponibilidad.

Sin embargo para definir la disponibilidad, es decir la posibilidad de que nuevos actores puedan concesionar frecuencias, se requiere de parte de la autoridad  (SUBTEL) transparentar el plan de espectro radioeléctrico, lo que implica un desafío que debe ser asumido por el Estado y que supone realizar estudios que sean independientes de los actores comerciales ya establecidos en la radiodifusión.

¿Queda espacio o no? ...todo parece indicar que sí, pero mientras los concursos sigan cerrados -se ha dicho hasta 2014- habrá radios y canales comunitarios dispuestos a salir al aire sin una concesión, y por lo tanto -si la indicación se aprueba- a enfrentar multas en vez de ir a la cárcel como ocurre en la actualidad.