El 4 de abril de 2012 la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó de forma unánime el recurso de amparo preventivo interpuesto a favor del director de Canal 40 TV Aysén, Samuel Chong Rivera. La acción cautelar fue presentada el 29 de marzo por un senador y un abogado defensor de los derechos humanos, después de que la Policía de Investigaciones (PDI) intentara apropiarse de los videos grabados por el periodista durante las recientes manifestaciones en la Región de Aysén.

Samuel Chong Rivera argumentó ante sus defensores que lo agentes de la PDI no mostraron su identificación ni especificaron su función cuando le exigieron que les entregara sus videos. No obstante, los oficiales de la PDI sostuvieron lo contrario ante la Corte y dijeron haber informado al periodista de la orden de investigación por “infracción a la Ley de Seguridad del Estado” (LSE), a través de un oficio que le remitieron.

¿Cuál era el objetivo de la PDI? Utilizar las grabaciones realizadas por Samuel Chong Rivera como elementos de prueba contra los manifestantes de la región de Aysén. Suponiendo que el procedimiento se haya llevado a cabo de forma ‘legal’, Reporteros sin Fronteras considera que la decisión de la Corte es peligrosa e inoportuna, al menos por tres razones:

- Primero, sobre el fondo, esto debilita la protección de datos y fuentes periodísticas, lo que concierne a todo el gremio. Además, ¿cómo entender que la jurisdicción decida convertir al periodista, a su pesar, en auxiliar de la policía cuando incluso una norma al respecto fue eliminada del muy polémico proyecto de Ley Hinzpeter, en lo concerniente a la “preservación del orden público” ?

- En segundo lugar, la Corte de Apelaciones de Coyhaique invocó la LSE para declarar legal la acción efectuada por la PDI en este caso. Ahora, las acusaciones apoyadas en la misma ley contra 22 personas detenidas durante las manifestaciones –entre ellas el camarógrafo Víctor Hugo Gómez– fueron retiradas el mismo día en que se presentó el recurso de amparo del periodista. ¿Por qué, entonces, querer obtener a cualquier precio ‘elementos de prueba’ que en apariencia ya no serían útiles?

- Finalmente, la mención de la LSE –heredada de la dictadura militar (1973-1990) y que no ha sido modificada desde entonces– en un litigio relativo a la libertad de informar, garantizada por la Constitución, no concuerda con una perspectiva de diálogo entre las autoridades, los representantes de las fuerzas del orden y la profesión, tras la violencia sufrida recientemente por los periodistas. Seguimos haciendo un llamado al diálogo deseado.

¿Bajarán las tensiones sociales en Chile? En nombre de la seguridad de los periodistas y de los actores de la información, Reporteros sin Fronteras expresa algunas de sus preocupaciones. Este mismo 4 de abril, la Corte Suprema finalmente autorizó la instalación de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia. El polémico proyecto HydroAysén ha provocado manifestaciones que han sido duramente reprimidas, en especial en la Araucanía. En este contexto, al que se suma la muerte de un policía, el 2 de abril en territorio Mapuche, advertimos de forma particular contra todo intento de criminalizar a los periodistas y medios de comunicación comunitarios locales.